Defendiendo el Estado Social de Derecho

Cuando se comenzaron a registrar los records de velocidad en la carrera de 1000 metros en 1865 Richard Webster logró una velocidad de 4:36.5 minutos. En 1999 Hicham El Guerrouj logró una marca de 3:43.13 minutos y nadie le ha podido superar desde entonces. La competitividad se desarrolla con trabajo constante y dedicado, es un proceso muy complejo en el que van quedando rezagados muchos competidores que pretendieron ganar y no lo lograron.

Nuestra Institucionalidad no ha entrenado nunca, nunca ha tenido la necesidad, nunca nadie se lo ha exigido. Su sistema circulatorio está lleno de colesterol del malo por las razones que sean (aceptemos la tesis de que en forma deliberada fue convertida en un obeso mórbido con intencionalidad… no quiero discutir ese punto).

Lo que pretendo que analicemos con calma es si nos conviene todavía pretender el desarrollo de una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa mediante nuestra Institucionalidad actual (inclusive agregando más Institucionalidad). ¡Esto porque no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de una Costa Rica más solidaria, equitativa y justa!, lo que me preocupa la estrategia que queremos aplicar.

Quiero explicar por qué creo que tenemos que migrar hacia un modelo mixto de operación mediante el cual complementemos el Estado con la Empresa Privada. Si no lo hacemos así vamos a terminar con un país solidario, equitativo y justo demasiado ineficiente, demasiado caro y no nos va a alcanzar el dinero para el bienestar que queremos para la población.

Existe entonces para efectos de nuestro análisis el Estado Empresario, el Estado de Bienestar y la Empresa Privada. Esta última vive en un mundo salvaje que solo le permite sobrevivir a las que entrenan, a las que logran descubrir cómo mantenerse competitivas. ¿Será posible que alguien crea que nuestro Estado Empresario puede alguna vez, con algunas reformas y con algunos nombramientos de la mejor gente, llegar a ser tan eficiente como la Empresa Privada?

Comprendo la sensación de nostalgia que experimentan algunos porque el siglo pasado nuestro Estado Empresario hizo obra maravillosa y solidaria y existen personas que creen que se puede volver a esa época; sin embargo, aunque eliminemos el colesterol y la obesidad mórbida, existe una razón fundamental porque la cual el límite superior de eficiencia del Estado Empresario está determinado por el nivel de riesgo que se puede asumir en su proceso de toma de decisiones, y este tiene que ser el mínimo posible.

El Estado Empresario tiene dueño, somos todos los costarricenses, es nuestro patrimonio y por eso se le exige, se le obliga por ley, a no arriesgar el patrimonio. Y este hecho básico, este material genético, no le permite competir hoy. En el siglo pasado sí podía competir porque todas las organizaciones estaban apenas iniciando un proceso de aprendizaje respecto a la competitividad, comenzando a entrenar. Pero la realidad actual ya se encargó de separar y distinguir claramente el tipo de organizaciones que puede aspirar a competir y el tipo de organizaciones que no puede. Si la organización tiene algo (la estructura patrimonial) que le limita la cantidad de riesgo que puede asumir, no puede competir con las que viven permanentemente en riesgo y se entrenan para sobrevivirlo como materia de vida o muerte.

Tenemos un ejemplo que nos puede ilustrar muy bien esta realidad: el fideicomiso para construir la carretera de San Ramón. ¿Por qué se está demorando?, esencialmente es por el riesgo. La Banca Estatal no corre riesgo, necesita tener pruebas irrefutables de que el negocio es rentable. Necesita estudios minuciosos, análisis de factibilidad, diseños, especificaciones técnicas… todo lo necesario para garantizar la rentabilidad. Y no lo hacen porque tienen aversión al riesgo, no, lo hacen porque la ley se los exige. Una empresa privada aplica su experiencia, su conocimiento sobre el negocio, hace números sin exigir tanto nivel de detalle y asume el riesgo (o no lo asume). Pero su decisión es más rápida. Todas las decisiones son más rápidas. Puede decidir hacer el proyecto simplemente porque le conviene, por estrategia, aunque no sea rentable.

El Estado Empresario hoy día no puede competir con la Empresa Privada por más que se revise el Procedimiento de Contratación Administrativa. Los dueños de su patrimonio no le podemos permitir que asuma mayores riesgos. Pero eso no significa que no podemos avanzar hacia una Costa Rica más solidaria, equitativa y más justa, pero obviamente, avanzar con mayor eficiencia, es un imperativo. Es cuestión de asignarle al Estado de Bienestar el rol de regular y controlar a la empresa privada que prestaría servicios. No podemos seguir soñando con el Estado Empresario, funcionó bien y le podemos reconocer toda la gloria que merece pero “la defensa de nuestra Institucionalidad” no es lo que el país nos demanda, lo que nos exige en forma perentoria es que rediseñemos nuestra Institucionalidad. 

Crisis de Sistemas de Información en el Sector Público

De todas las definiciones que he leído sobre sistemas de información la que más me gusta es la de Henry Lucas Jr.[i], Profesor de Información (ojo) en la Escuela de Administración de la Universidad de Maryland. Está clarísimo, el estudio de Sistemas de Información es un tema que pertenece a la Ciencia Administrativa. Él dice que un Sistema de Información es simplemente “un conjunto de procedimientos que al ejecutarse producen información para la toma de decisiones o para el control”. Brillante definición.

Todas las organizaciones tienen sistemas de información independiente de que tengan o no computadores, son procedimientos. Hoy día, por supuesto que habrá que incorporar Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) como facilitador, pero el proyecto trata del diseño de un sistema de información, o sea el proceso de toma de decisiones y de control. El papel de la tecnología es facilitar el proceso.

La TIC facilita sobre todo el cambio organizacional, incorporar TIC al proceso existente es un despropósito, es como construir una carretera nueva para unir dos puntos utilizando la ruta que seguían las carretas. El objetivo de un proyecto para el desarrollo de un sistema de información que se soporta con TIC es rediseñar el proceso para que este sea más eficiente y más eficaz o para facilitar un cambio organizacional importante (por ejemplo, que el Sistema de Salud se oriente hacia la prevención). Los sistemas de información son agentes de cambio.

El rol de los profesionales en TIC es participar en las sesiones de diseño del proceso y orientar respecto de cómo la TIC facilita alcanzar los objetivos que se persiguen. Pero el criterio económico-administrativo, aportando conceptos como eficiencia, eficacia, productividad, costo-beneficio y otros más técnicos (pero siempre administrativos) como diseño de procesos en base a una reingeniería o a un mejoramiento continuo es resorte de los profesionales en Administración.

Luego viene el proyecto (que no es un proyecto de TIC). Este tema está en crisis en Costa Rica, escuchamos sobre proyectos que tardan 15 o más años en producir resultados. Lo primero que hay que comprender es que estos proyectos para aumentar la eficiencia y la eficacia con soporte de las TIC tienen comienzo pero no tienen fin, permanentemente se generan nuevos requerimientos o tecnología nueva que conviene incorporar a los procesos. Sin embargo, está dinámica no implica que la entrega de resultados se atrasa o se posterga. Las nuevas metodologías de proyectos más bien procuran la entrega de productos del cambio en forma más rápida, máximo ocho meses para obtener un primer resultado.

Ese primer resultado surge de la identificación del 20% del cambio que entregaría el 80% del beneficio (siempre existe). Se asume que el resultado es parcial pero que incluye un beneficio con el que la organización da sus primeros pasos de cambio. Este resultado permitirá revisar el modelo (ningún modelo será perfecto ni definitivo) y a continuación, el proyecto programa un segundo paso para de nuevo trabajar en el 80% del beneficio que producirá el 20% del cambio que queda. Y así continúa el avance de un proyecto en el que los “timeboxes”[ii] de 80/20 van siendo cada vez más cortos (seis meses, cuatro…) y la organización aprende una dinámica de ajuste y de cambio y de aprovechamiento de su conocimiento (conocimiento que se va generando junto con el proyecto… pretender el modelo final claro y completo desde el principio del proyecto es un error que se comete con frecuencia).

En Costa Rica estamos al debe en la formación de cierto tipo de profesionales de las Ciencias Económico-Administrativas. En este artículo hacemos énfasis en el tema de Sistemas de Información, su diseño y la administración de proyectos, pero el conocimiento sobre Excelencia Operacional y sobre Organizaciones de Alto Rendimiento tiene mucha relación con el tema. Ojalá que alguna Universidad asuma el reto.

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[i] Henry C. Lucas Jr. Professor of Information, School of Business, University of Maryland.

[ii] Timeboxing es una técnica utilizada en la administración de proyectos para garantizar que siempre se entrega algo importante dentro de un lapso de tiempo fijo, aunque algunas cosas que no son tan relevantes se dejen para después. Facilita el aprendizaje y el mejoramiento continuo a la vez que va entregando resultados.

¿La CCSS es una institución viva?

La Presidenta Ejecutiva de la CCSS, doña María del Rocío Sáenz, nos asegura en su artículo de la Nación del sábado 20 de junio que “La CCSS no ignora las necesidades de la población asegurada, más bien estamos poniendo al paciente en el centro de todas las decisiones que se tomen…”.

La empresa privada cuyo fin último es producirle utilidades sustentables a sus dueños, descubrió hace ya más de cuatro décadas que para lograrlo convenía colocar al cliente en el centro de todas las decisiones que se tomaran. Qué bueno que la Caja ahora lo está haciendo, pero los clientes no conforman el único grupo de interés, existen al menos cuatro grupos (stakeholders) fundamentales: los dueños, que exigen utilidades sustentables; los clientes, que exigen calidad y oportunidad; los empleados, que exigen motivación; y la sociedad, que exige sustentabilidad. Cualquiera de estos grupos tiene poder suficiente para tomar decisiones que pueden afectar la empresa si esta no los toma en cuenta.

En el Sector Público es necesario tomar en consideración otro grupo de interés: El Gobierno, que exige contribución a su capital político. Doña María del Rocío, no se puede olvidar de ninguno de estos grupos de interés; tiene cinco bolas que sostener en el aire y no puede permitir que se le caiga ninguna.

 Uno de esos grupos de interés está muy descuidado y viene aumentando su descontento además de los asegurados. Somos los dueños, que exigimos una operación eficiente. Todos los costarricenses que somos los dueños de la Institución exigimos que el dinero que con gusto entregamos a la Institución con propósitos de una prestación solidaria se utilice en forma eficiente y sabemos que la Institución no lo está haciendo.

Una consulta externa atendida por la Institución nos está costando a los costarricenses que ponemos el dinero de la CCSS, el doble de lo que cobra una clínica privada con todo y que sus dueños perciben utilidades. Esto obviamente nos pone a pensar que si la CCSS, que es incapaz de aumentar su eficiencia, en lugar de prestar los servicios los contratara externamente, podríamos lograr que el dinero que con tanto gusto aportamos para un servicio de salud solidario nos podría rendir el doble.

Esto no se llama privatizar la medicina, lejos de eso, simplemente se trata de hacer que nuestro fondo de solidaridad alcance para un mayor nivel de prestación de servicios. La CCSS dedicaría sus esfuerzos a controlar para garantizar que la prestación privada que contrata cumpla con los requerimientos de calidad que exigen los clientes. Tendría clientes satisfechos y los dueños de la Institución, que somos todos los costarricenses, percibiríamos que el dinero que le entregamos a la Caja está siendo bien empleado.

Pero hay algo más que no anda bien con el sistema. El dinero que aportamos para nuestra salud y la de los demás, es capturado y retenido por la Caja, que nos obliga a una enorme cantidad de asegurados, que podemos costear un poco de medicina privada, a que dupliquemos nuestros gastos médicos, a pesar de que tenemos un dinero contribuido al sistema que nos da derecho a salud. Derecho que no es derecho si no podemos utilizarlo y que si nos disponemos a hacerlo, hacemos colapsar al sistema. ¿Por qué si la CCSS no nos puede dar el servicio, no nos reconoce un monto para que acudamos a una clínica privada?

Eso podría ser una solución a la congestión. Muchos tenemos ya asumido que cuando tengamos un problema de salud que no podamos costear vamos a ir a la Caja porque sabemos que la hospitalización es buena. Ahí le vamos a costar al Estado una cantidad importante de dinero. En lugar de quitarle el espacio a una persona que del todo no puede pagar, ¿por qué la Caja no nos entrega un bono proporcional al monto que le ahorramos para ayudarnos a pagar el servicio en una clínica privada (inscrita en el sistema)?

Generaríamos un mercado importante y surgirían clínicas privadas que no sean de lujo. Muchos podríamos costear la diferencia. El sistema de seguros de gastos médicos complementarios también se perfeccionaría. Y lo más importante: se descongestionaría la Institución.

Ya el Estado está comenzando a comprender que por más que quiera no va a aumentar su eficiencia porque hay leyes que no lo dejan. La eficiencia en el Sector Público tiene un límite superior, tiene un tope que no lo tiene el régimen privado.

Tenemos derecho a exigir que el dinero que entregamos para un régimen de salud solidaria se gaste con la mayor eficiencia y el Estado no lo puede hacer si insiste en que la prestación del servicio tiene que ser Estatal. Creo que nos asiste la razón y el derecho de exigir un cambio.

Razones Estructurales, no políticas ni ideológicas

Muchas personas en redes sociales manifiestan que la eficiencia del Sector Público podría igualar a la de la Empresa Privada si tan solo se contrataran personas honestas y buenos administradores. Algunos también mencionan que sólo hace falta cambiar algunas leyes para disminuir la burocracia. Voy a explicar por qué es imposible que el Sector Público pueda competir con la empresa privada en base a eficiencia.

El asunto es la propiedad de la empresa y sus consecuencias sobre la eficiencia. Las empresas públicas pertenecen a todos los costarricenses; las privadas,  a una o a un número reducido  de personas. Nuestro patrimonio, el de todos los costarricenses, debe cautelarse con celo y rigurosidad, la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa son inevitables.

  

 Un mismo número de personas con los mismos salarios dedicados a obtener un mismo resultado genera costos en proporción al tiempo. Comparemos utilizando el proceso de compras ya que todas las empresas tienen que comprar. Analicemos las etapas cuyos costos se pueden medir más fácilmente dejando de lado aspectos tan importantes como “percibir” la necesidad. Partamos suponiendo que ambos contendientes, la empresa pública y la empresa privada ya tienen su necesidad percibida y autorizada internamente.

Lo primero que tiene que hacer una empresa pública es a incluir el requerimiento en el presupuesto. En la Administración Pública este proceso es imposible de obviar: el presupuesto lo aprueba la Contraloría General de la República. Ya entramos perdiendo: las empresas privadas competitivas no permiten que el ciclo fiscal interfiera con sus ciclos de negocios, independizan ambos con sus sistemas de información.

La empresa competitiva maneja un presupuesto flexible y dinámico, capaz de ajustarse a las circunstancias. Se modifican prioridades y se reacomodan partidas en una reunión de gerencia. ¿Se puede hacer eso en el Sector Público? ¡Categóricamente no! El patrimonio de los costarricenses no se puede arriesgar. Cualquier inversión tiene que estar segura y por eso se exigen estudios de factibilidad para reducir el riesgo de la inversión, aunque hoy día los supuestos usados en los estudios de factibilidad pierden validez (en el siglo pasado la velocidad del cambio no era tan grande y nuestro Sector Público funcionaba mejor).

En el Sector Público el riesgo es prohibido y penado con cárcel, en la empresa privada el riesgo se premia y se toman decisiones en menos tiempo. El Sector Público emplea muchos recursos (mucho tiempo) tratando de disminuir el riesgo. El gerente de empresa privada se entrena en tomar decisiones en condiciones de incertidumbre.

Apenas en la etapa del presupuesto y ya es evidente que el Sector Público no puede competir en base a eficiencia con la empresa privada. Pero sigamos… ¿Se puede eliminar la licitación del Sector Público o pretender que el proceso iguale en eficiencia el de una empresa privada? No mientras pensemos que una licitación es indispensable para adquirir bienes y servicios. Se adjudica al que cumple con las especificaciones técnicas y legales y ofrece el precio más barato.

Las especificaciones legales no ofrecen mucha dificultad en cambio la formulación de especificaciones técnicas tiene una gran cantidad de restricciones  e inconvenientes. Buenas especificaciones requieren conocimientos profundos que no se entregan en las universidades y que hoy los tienen los proveedores, siendo que los que están interesados en la licitación son los que están anuentes a entregarlos, pero el Reglamento señala que el proveedor que asesora no puede participar en la licitación. La CGR considera que se produce un “conflicto de interés”.

En cambio en la empresa privada se reconoce que el 80% del conocimiento sobre la nueva tecnología se obtiene de sus proveedores y se establecen relaciones más abiertas con ellos y se obvia la elaboración de especificaciones técnicas para una licitación, pues durante el examen del producto estas se incluyen y se comparan conforme se analiza. Los proveedores alternativos se encargan de explicar sus especificaciones técnicas pues  forman parte de sus elementos diferenciadores.

Para equiparar el proceso de compras del Sector Público con el de empresas privadas habría que permitir un mayor riesgo y apostar más por la ética de los involucrados que se consideran éticos mientras no se demuestre lo contrario. En resumen, la eficiencia de las Empresas Públicas está determinada por el hecho de que son patrimonio de todos los costarricenses, no por la calidad de sus jerarcas ni de sus empleados. Pretender que compitan con la empresa privada es desconocer las consecuencias de ser públicas.