La Presidenta Ejecutiva de la CCSS, doña María del Rocío
Sáenz, nos asegura en su artículo de la Nación del sábado 20 de junio que “La CCSS no ignora las necesidades de la
población asegurada, más bien estamos poniendo al paciente en el centro de
todas las decisiones que se tomen…”.
La empresa privada cuyo fin último es producirle utilidades
sustentables a sus dueños, descubrió hace ya más de cuatro décadas que para
lograrlo convenía colocar al cliente en el centro de todas las decisiones que
se tomaran. Qué bueno que la Caja ahora lo está haciendo, pero los clientes no
conforman el único grupo de interés, existen al menos cuatro grupos
(stakeholders) fundamentales: los dueños, que exigen utilidades sustentables;
los clientes, que exigen calidad y oportunidad; los empleados, que exigen
motivación; y la sociedad, que exige sustentabilidad. Cualquiera de estos
grupos tiene poder suficiente para tomar decisiones que pueden afectar la
empresa si esta no los toma en cuenta.
En el Sector Público es necesario tomar en consideración
otro grupo de interés: El Gobierno, que exige contribución a su capital
político. Doña María del Rocío, no se puede olvidar de ninguno de estos grupos
de interés; tiene cinco bolas que sostener en el aire y no puede permitir que
se le caiga ninguna.
Uno de esos grupos de
interés está muy descuidado y viene aumentando su descontento además de los
asegurados. Somos los dueños, que exigimos una operación eficiente. Todos los
costarricenses que somos los dueños de la Institución exigimos que el dinero
que con gusto entregamos a la Institución con propósitos de una prestación
solidaria se utilice en forma eficiente y sabemos que la Institución no lo está
haciendo.
Una consulta externa atendida por la Institución nos está
costando a los costarricenses que ponemos el dinero de la CCSS, el doble de lo
que cobra una clínica privada con todo y que sus dueños perciben utilidades.
Esto obviamente nos pone a pensar que si la CCSS, que es incapaz de aumentar su
eficiencia, en lugar de prestar los servicios los contratara externamente,
podríamos lograr que el dinero que con tanto gusto aportamos para un servicio
de salud solidario nos podría rendir el doble.
Esto no se llama privatizar la medicina, lejos de eso,
simplemente se trata de hacer que nuestro fondo de solidaridad alcance para un
mayor nivel de prestación de servicios. La CCSS dedicaría sus esfuerzos a
controlar para garantizar que la prestación privada que contrata cumpla con los
requerimientos de calidad que exigen los clientes. Tendría clientes satisfechos
y los dueños de la Institución, que somos todos los costarricenses,
percibiríamos que el dinero que le entregamos a la Caja está siendo bien
empleado.
Pero hay algo más que no anda bien con el sistema. El dinero
que aportamos para nuestra salud y la de los demás, es capturado y retenido por
la Caja, que nos obliga a una enorme cantidad de asegurados, que podemos
costear un poco de medicina privada, a que dupliquemos nuestros gastos médicos,
a pesar de que tenemos un dinero contribuido al sistema que nos da derecho a
salud. Derecho que no es derecho si no podemos utilizarlo y que si nos
disponemos a hacerlo, hacemos colapsar al sistema. ¿Por qué si la CCSS no nos
puede dar el servicio, no nos reconoce un monto para que acudamos a una clínica
privada?
Eso podría ser una solución a la congestión. Muchos tenemos
ya asumido que cuando tengamos un problema de salud que no podamos costear
vamos a ir a la Caja porque sabemos que la hospitalización es buena. Ahí le
vamos a costar al Estado una cantidad importante de dinero. En lugar de
quitarle el espacio a una persona que del todo no puede pagar, ¿por qué la Caja
no nos entrega un bono proporcional al monto que le ahorramos para ayudarnos a
pagar el servicio en una clínica privada (inscrita en el sistema)?
Generaríamos un mercado importante y surgirían clínicas
privadas que no sean de lujo. Muchos podríamos costear la diferencia. El
sistema de seguros de gastos médicos complementarios también se perfeccionaría.
Y lo más importante: se descongestionaría la Institución.
Ya el Estado está comenzando a comprender que por más que
quiera no va a aumentar su eficiencia porque hay leyes que no lo dejan. La
eficiencia en el Sector Público tiene un límite superior, tiene un tope que no
lo tiene el régimen privado.
Tenemos derecho a exigir que el dinero que entregamos para
un régimen de salud solidaria se gaste con la mayor eficiencia y el Estado no
lo puede hacer si insiste en que la prestación del servicio tiene que ser
Estatal. Creo que nos asiste la razón y el derecho de exigir un cambio.
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